Madrid. 4 de mayo de 2026. – El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España y la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) han organizado una jornada formativa sobre el nuevo proceso de regularización migratoria extraordinaria, aprobado por Real Decreto y abierto hasta el 30 de junio de 2026.
El evento inaugurado por Fernando Santiago, presidente del Consejo de Gestores Administrativos, y Xavier Gil Pecharromán, presidente de ACIJUR, ha abordado los aspectos técnicos, legales y prácticos de esta medida, que permite regularizar a personas en situación irregular que acrediten permanencia en España antes del 1 de enero de 2026 y al menos cinco meses ininterrumpidos.
Contexto demográfico y normativo
Carlos Rodríguez-Noriega, secretario del Consejo General y responsable de la Comisión de Extranjería, ha enmarcado la medida en el crecimiento de la población extranjera, que representa el 14,1% en 2025 (frente al 1% en 1986) y cuenta con más de 3,1 millones de cotizantes a la Seguridad Social.
El proceso busca reducir el volumen de irregulares ante la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo el 16 de junio de 2026, con unos 160.000 expedientes de asilo pendientes.
Ha explicado que la medida busca resolver la situación de miles de extranjeros en un limbo administrativo antes de que entre en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo el 16 de junio de 2026, el cual endurecerá los controles. Además, España ha pasado a ser un país de acogida.
La norma se apoya en los arraigos ya existentes (social y extraordinario) y permite la regularización a través de vínculos laborales, familiares, situación de vulnerabilidad, o por ser solicitante de protección internacional.
Rodríguez-Noriega ha subrayado la obligación de demostrar 5 meses de permanencia en España mediante documentos nominativos (empadronamiento, movimientos bancarios, asistencia médica universal, etc.). También advirtió que los antecedentes policiales, tanto en España como en el espacio Schengen, serán consultados y pueden ser motivo de denegación.
Requisitos y vías de tramitación
El Real Decreto establece requisitos estrictos: entrada antes del 1 de enero de 2026, cinco meses de permanencia continuada, ausencia de antecedentes penales y acreditación vía pruebas documentales.
La tramitación es 100% digital por la plataforma Mercurio, con apoyo presencial en 373 oficinas de Correos, 60 de Seguridad Social, oficinas de extranjería (con cita) y entidades como gestores administrativos, abogados, ONG y sindicatos.
Ariel Mantecón Ramos, del Servicio Jurídico del Colegio, ha destacado la necesidad de elegir correctamente entre vías laboral, familiar o vulnerabilidad, con tasa de 38,28 euros por solicitud.
Advirtió que, ante la falta de diálogo con la Administración y el diseño de los formularios, hay un gran miedo a equivocarse. Esto está provocando que algunas personas presenten múltiples solicitudes simultáneas (pagando varias tasas) cruzando las vías laboral, familiar y de vulnerabilidad.
Mantecón ha señalado que el trámite para declarar la vulnerabilidad se ha convertido en un procedimiento automático sin verdadero contenido analítico, lo que añade burocracia innecesaria y podría generar dinámicas corruptas.
Retos identificados por los expertos
Los ponentes estiman entre 700.000 y 800.000 posibles expedientes, con 130.000 solicitudes en la primera semana según reportes mediáticos. Han señalado confusiones en formularios que generan múltiples presentaciones y la conveniencia de mayor rigor en la vía de vulnerabilidad, que requiere certificados de servicios sociales o asociaciones.
Además, se aplican controles de seguridad con consulta automática de bases Schengen: alertas por «persona rechazable» no deniegan de forma automática, pero exigen prueba de integración. Para menores, se facilita la regularización simultánea con progenitores (vigencia inicial de un año), sin exigir medios económicos ni vivienda, con acceso inmediato a trabajo y sanidad.
Ante el recurso de la Comunidad de Madrid al Tribunal Supremo, los expertos han valorado que el Gobierno adaptó el texto a las exigencias del Consejo de Estado, lo que generaría situaciones consolidadas difíciles de revertir.
Perspectiva jurídica y mediática
Carlos Capa, secretario general de ACIJUR ha explicado cómo la prensa nacional e internacional está informando sobre el proceso. Ha destacado que los medios se están centrando más en la cantidad de solicitudes y el impacto estadístico (ej. cifras masivas de solicitantes en pocos días) que en la calidad técnica de la información.
También ha mencionado que periodísticamente hay dudas sobre si esta medida debía haber sido consensuada con Europa, si se ajusta a la legalidad y si la administración pública (y empresas externalizadas como Tragsa) tienen la capacidad real para gestionar el colosal volumen de expedientes.
Finalmente, ha sugerido la necesidad de no olvidar las historias humanas y el impacto social detrás de los cientos de miles de expedientes de personas que intentan salir de la economía sumergida.
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